Después de leer docenas de
interminables y farragosa leyes, decretos ley, normativas y demás, llegamos a
la conclusión, aunque sea difícil de creer, de que no existe una normativa
específica para regular la seguridad de los viajeros que tienen que cruzar las
vías en las estaciones.
Como decía en un artículo
anterior, en el caso de la estación de Areta, parece ser que la única medida de
seguridad para los viajeros es una ridícula placa roja de 15 cm por 100 cm que
reza “cuidado al cruzar, trenes
circulando en ambos sentidos”, en euskera y castellano con una letra de
color blanco de 2 cm de altura, que además queda oculta por el tren del que se
apean los viajeros.
Si a todo esto le sumas que la
megafonía suena en la estación antes de que los viajeros bajen del tren, que
éstos no ven el teleindicador que anuncia que va a pasar un tren sin parada ya
que sólo aparece el aviso en el andén correspondiente a la vía por la que va a
circular, que no hay ni semáforo ni
ninguna barrera física que impida el paso
y que no hay visibilidad, estamos ante una trampa mortal.
Solo es necesario que se den las circunstancias
que acontecieron el día 5/09/2016 para que vuelva a ocurrir una desgracia.
¿Y qué han hecho ADIF y RENFE
para que esto no se repita? Se han limitado a poner una señal de límite de
velocidad que indica 70, eso es todo. ¿Cuántos metros necesita un tren de
mercancías para parar? Pues debería empezar activar el freno 300 m. antes, sin
tener todavía el apeadero a la vista.
En RENFE y en ADIF trabajan
técnicos especialistas en seguridad que llegan a la conclusión de que en Areta
y en otros muchos pasos, no hace falta poner ninguna medida provisional de
seguridad. ¿No son suficientes 46 arrollamientos en 10 años en este tipo de
estaciones sin paso alternativo como para tomar medidas?
¿Cuánto puede costar una mierda
de semáforo? Con muchísimo menos de lo que gastan en abogados para eludir
responsabilidades, todos los pasos peligrosos dejarían de serlo. Es una medida provisional
y barata que deberían poner en marcha hasta el soterramiento de todas y cada
una de las estaciones. Pero a esta gente les importa un bledo la vida de los
usuarios, ya tienen abogados y peritos que se encargarán de culpar al muerto.
No conozco las normativas y cómo
actúan en otros países europeos, pero dudo mucho que trabajen como aquí, donde
empresas con capital público ningunean a las familias de las víctimas y culpan a los muertos de mala gestión e incompetencia.
Para ellos sólo son unas cifras
sin cara, un número más en sus estadísticas y balances, Hasta tal punto es así
que no se dignan ni a dar el pésame a las familias y en sus informes confunden
hasta el nombre de la víctima. En el caso de Irune se referían a ella como Irene.
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