La Ertzaintza solicitó los datos recogidos por el registrador jurídico “caja
negra” tres días después del accidente, les contestaron que estaban en proceso
de extracción. Como estos datos no llegaban repitieron la solicitud el día 26
de septiembre y se volvió a pedir una tercera vez el 3 de octubre que fue
cuando contestaron que los datos relativos al día del accidente habían sido
sobrescritos (borrados).
No alcanzo a comprender como es posible que la empresa propietaria del tren
que arrolló a Irune y cuya actuación, según el informe de dicha empresa, fue
correcta, deje que los datos que podían demostrar que, efectivamente actuaron
bien, se pierdan por haberse sobrescrito en vez de apresurarse a sacarlos
inmediatamente, eliminado de esta manera lo que podía ser la prueba de su buena
actuación.
Me parece que está clarísimo cual fue el motivo del borrado de los datos de
la “caja negra” y cualquiera, a nada que lo piense, llegará a la misma
conclusión que yo. No fue una simple negligencia, sino que fue una manera
deliberada de ocultar información que hubiera sido útil para conocer la verdad
y que podía perjudicar a sus intereses.
El 3 de abril de 2017 el senador del PNV José María Cazalis pregunto en la
comisión de Fomento al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda sobre la preservación de los datos de los registradores jurídicos de
los trenes en caso de accidentes con resultado de muerte. La respuesta fue la
siguiente “No existe una normativa estatal especifica adicional a la obligación
general de las empresas ferroviarias, del administrador de las infraestructuras
ferroviarias o en su caso de la CIAF en la realización de investigaciones…” https://youtu.be/qHYZQqVrobk
Ósea, al no investigar la CIAF (comisión de investigación de accidentes
ferroviarios) los arrollamientos por no considerarlos accidentes graves, dejan
en manos de las empresas implicadas en dichos arrollamientos la extracción y
custodia de los datos del registro. Esto es como si dejas al ladrón la custodia
de las pruebas que le pueden incriminar.
Aunque parezca increíble en España no existe una normativa específica que
regule la preservación de los datos de registro “caja negra” cuando ocurre un
accidente ferroviario. Supongo que esto es así para que en caso de que lo registrado sea
contrario a sus intereses poder proceder a su borrado con total impunidad.
El caso del arrollamiento de Irune está en periodo de instrucción. Tengo
gran inquietud por saber quién o quiénes son los responsables de haber
permitido el borrado del registro jurídico, pero conociendo cómo funcionan
estas empresas, me temo que sea más que probable que no existan responsables o
que de existir salgan impunes.
La verdad es que cuanta más información llega a mis manos, más me doy cuenta de la
irresponsabilidad e impunidad con la que trabajan estas grandes empresas y de
la desprotección en la que nos encontramos los usuarios.
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